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Hace menos de un mes, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) anunciaba la imposición de sanciones por un total de 32,4 millones de euros a cinco petroleras debido a los precios de las gasolinas. Esta sanción se basa en que las petroleras incurrieron en prácticas prohibidas de coordinación en materia de precios, intercambio de información y pactos de no agresión.
Esta semana ha saltado la noticia de que esta misma Comisión ha impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en «conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia».
Ambas sanciones son recurribles y, como es evidente, los afectados, han procedido de inmediato a plantear los pertinentes recursos y publicar la oportuna nota de prensa «negando la mayor».
El año pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) archivó expedientes sancionadores abiertos a Iberdrola Generación, Gas Natural SDG y E.ON Generación en 2011 y 2012 acerca de una presunta manipulación en el precio de la electricidad entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Y, también el año pasado, la Comisión estuvo investigando la brusca subida de precios experimentada por el mercado mayorista de electricidad durante el pasado mes de septiembre. El objetivo era estudiar si el repunte del precio medio del 18% registrado con respecto al mes de agosto era acorde a las condiciones del mercado, según se explicaba en fuentes del sector.
Para que sirva de contraste, veamos cómo actúan ante casos similares los gobiernos de países con mayor tradición democrática. En el año 2012, saltó la noticia en el Reino Unido de que una entidad financiera había manipulado el LIBOR. Fue el primer ministro, el Sr. Camerón, el que tomó las riendas del escandaloso asunto manifestando públicamente: «que las artimañas de Barclays para manipular los tipos de interés interbancario son un escándalo» y subrayó: «la directiva del banco tiene grandes preguntas que responder». La entidad tuvo que abonar una sanción millonaria y su presidente y consejero delegado presentaron su dimisión y abandonaron la entidad.
Si en el caso de las industrias lácteas, los directivos y auditores fueran obligados a cesar en sus puestos y, de paso, a pasar una temporada en una pequeña explotación de ganado vacuno de leche, tal vez se modificaría su escala de valores bajando varios peldaños la codicia y ascendiendo aquellos otros basados en la ética. Es más, debería ser la propia sociedad quien debería reprobar a las compañías que buscan u obtienen beneficios fruto de la especulación con artículos de primera necesidad.
Eulogio Alonso
Diplomado Estudios Empresariales
Especialidad de Contabilidad e Información
Ex Director Oficina Bancaria
